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Defensa en procesos judiciales contra el asegurado y reclamación de éste en el caso de ser él el perjudicado
La protección jurídica es una garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial, en el ámbito de la vida particular.
Se garantizan los gastos tales como abogado y procurador necesarios para defender al asegurado por actos de su vida particular, familiar, laboral, etc., así como para reclamar por los daños sufridos por distintas causas en su persona, sus familiares dependientes, o en sus bienes.
La aseguradora pone a su disposición un servicio de asesoría jurídica permanente
Para la mayoría de las personas (y empresas) que no precisan habitualmente el asesoramiento y servicios de un abogado, les basta con contratar este seguro que, por muy poco dinero, ofrece unos servicios muy extensos para el momento en que se precise una defensa o reclamación y que, si se carece de él, seguramente los múltiples inconvenientes les disuaden de presentar cualquier reclamación.
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